El lema de los primeros era 'ACS destruye los ríos de Guatemala', el de la segunda protesta 'ACS contra la vida'. Greenpeace eligió la acción simbólica de cortarles el agua para denunciar que la compañía española está dejando sin agua a miles de indígenas en Guatemala con sus proyectos. Ecologistas en Acción, por su parte, denunciaba las violaciones de derechos humanos y los impactos medioambientales de las empresas de Florentino Pérez tanto en el país centroamericano como en Palestina.
Estas han sido las últimas protestas en Madrid, pero el conflicto viene de lejos. Desde 2011 Florentino Pérez se enfrenta a las manifestaciones de las comunidades indígenas cercanas al proyecto Renace, que desde ese año está siendo construido por una filial de ACS, el gigante empresarial de Pérez, el Grupo Cobra. Con la ayuda de las organizaciones no lucrativas de defensa del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas hace tiempo que se ha intentado internacionalizar la problemática, hacer partícipe a la opinión pública mundial de lo que está sucediendo en Guatemala.
Hay varias campañas de petición de firmas puestas en marcha por la ONG Alianza por la Solidaridad. Una de ellas pide la paralización de las obras. Ya lleva más de 32.000 firmas y cuando llegaron a las 25.000, el 2 de noviembre, realizaron una entrega en la sede de ACS. La otra pide la excarcelación del líder quekchí Bernardo Caal Xol, en prisión preventiva desde el 30 de enero. Más de 5.000 personas han firmado ya la petición.
¿Y qué está sucediendo en Guatemala?
Lo que está sucediendo en Guatemala es que alrededor de 29.000 pobladores de la etnia quekchí de las comunidades cercanas al río Cahabón, en el Departamento de Alta Verapaz, están dejando de tener acceso al agua. Este río es uno de los más extensos y caudalosos del país centroamericano. Nace en la Sierra de las Minas y desemboca casi 200 kilómetros después en el lago de Izabal. El Cahabón cuenta con hasta seis centrales hidroeléctricas, algunas ya en funcionamiento y otras en construcción. El resultado es que casi 30 kilómetros de este río se encuentran prácticamente secos, sobre todo en la época no lluviosa, que es cuando los habitantes más necesidad tienen de él.
Las comunidades de la región utilizaban el río para lavar, para pescar y, sobre todo, para proveerse de agua potable tanto para consumo personal como para abastecer sus cultivos.
Todo esto ha sucedido sin la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. El complejo Renace comenzó a construirse en 2002. Aunque estuvo precedido por la construcción de otra hidroeléctrica, Oxec, que ya se enfrentó a las mismas problemáticas. Renace consta de cinco fases repartidas en un extenso tramo del río Cahabón y desde el principio ha tenido graves carencias en los procedimientos de evaluación medioambiental.
El producto pretende ser la hidroeléctrica más grande del país. Aunque es propiedad de la empresa guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI), ésta subcontrató la realización de las últimas tres fases (Renace III, IV y V) a la empresa española Grupo Cobra, perteneciente al conglomerado empresarial de Florentino Pérez, ACS, un gigante con más de 210.000 empleados y presencia en 80 países.
El Grupo Cobra tiene una amplia experiencia en América Central en la construcción de centrales minihidráulicas y de tamaño mediano. La visita en 2014 de Pérez a Guatemala reavivó las protestas, aunque nada cambió. Cobra siempre se ha remitido a que ellos solo son una subcontrata y no tienen nada que ver con las protestas de las poblaciones afectadas. Sin embargo, su participación está cuestionada en atención al principio de Debida Diligencia, que obliga a la protección ambiental en otros países.
Para el abogado de la organización guatemalteca Madre Selva, Vladimir Soto, como empresa internacional que trabaja en el territorio guatemalteco, "debió de garantizar que se cumplieran las leyes nacionales antes de iniciar la construcción de las hidroeléctricas, específicamente el derecho a la Consulta a Pueblos Indígenas". Por este motivo, Alianza para la Solidaridad presentó una queja ante ACSpor no cumplir con estos requisitos así como las obligaciones de responsabilidad social empresarial a las que se encuentra sujeta la compañía.
Soto ha sido el encargado de presentar la acción constitucional de amparo contra el ministro de Energía y Minas guatemalteco en nombre de Ana Rutilia Ical Choc, vecina del municipio de San Pedro Carchá y miembro de la comunidad quekchí, por la construcción del proyecto Renace.
Las denuncias y protestas se suceden
Desde 2002 las protestas se suceden. De hecho, las poblaciones de Santa María de Cahabón, del departamento de Alta Verapaz, a partir de 2015 han consolidado un movimiento de resistencia pacífica, en el que participan unas 115 comunidades, para realizar acciones con el fin de detener la instalación del ingenio hidroeléctrico a través de la Consulta Comunitaria que les permita decidir sobre sus bienes naturales y territorio. RT
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