Así ha dicho este miércoles Amnistía Internacional (AI) y ha llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que remita a los oficiales militares, incluidos los principales comandantes, a la Corte Penal Internacional e imponga un embargo en la venta de armas a Myanmar y sanciones financieras a sus altos funcionarios.

De hecho, el organismo pro derechos humanos ha publicado un documento integral de 190 páginas, basado en una investigación de nueve meses, que dice que tiene “una montaña de evidencia” de que la violencia patrocinada por Naipyidó contra la población musulmana, que ha obligado a 702 000 mujeres, hombres y niños a salir de su país, “fue parte de un ataque sistemático altamente orquestado”.

“Aquellos con sangre en sus manos —empezando por el general Min Aung Hlaing, en lo alto de la cadena de mando— deben rendir cuentas por su rol en la supervisión o ejecución de crímenes contra la humanidad”, denuncia Matthew Wells, asesor principal de la crisis de Amnistía Internacional.

En este contexto, ha enfatizado que la explosión de violencia —incluidos asesinatos, violaciones, torturas, quemaduras e inanición forzada— perpetrada por las fuerzas de seguridad de Myanmar en pueblos del norte del estado occidental de Rajine, no fue obra de soldados o unidades deshonestas sino que fueron sistemáticas y planificadas.

El informe, Destruiremos todo: la responsabilidad del Ejército en crímenes contra la humanidad en el estado birmano de Rajine, ha publicado los nombres de 13 oficiales militares, incluido el jefe del Ejército birmano, acusándolos de haber desempeñado un papel clave en el asesinato, la violación y la expulsión forzada de los rohingyas.

El pasado jueves, la nueva enviada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para este país, Christine Schraner Burgener, aseveró que los responsables de atrocidades contra esta minoría musulmana “deben rendir cuentas”.

Las Naciones Unidas considera una “limpieza étnica” el trato que brinda Myanmar a los rohingyas, una nación con mayoría de población budista que no reconoce la ciudadanía birmana de esta minoría, una comunidad integrada por 1,1 millones de personas.

HispanTV.es

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