La situación dentro de las cárceles de Venezuela no solo es visto como un verdadero infierno sino que además es una radiografía de la realidad del país. Hablar de la negligencia del Estado puede ser muy general si se toman en cuenta todos los problemas que sufren los venezolanos. Pero dentro de las prisiones hay desde hace muchos años una bomba de tiempo que ha sido ignorada por el régimen chavista, y uno de los gritos desesperados de muchas organizaciones no gubernamentales venezolanas han sido los casos de tuberculosis y desnutrición: solo en 2019 murieron 104 presos, y 66% de esas muertes fueron a causa de este tipo de infección.
En el país sudamericano hay alrededor de 50.000 presos, distribuidos y hacinados todos en siniestros calabozos policiales y en las menguadas 29 cárceles, calificadas además como las más violentas del mundo. Por si fuera poco, la atención médica es casi nula dentro de los centros de reclusión. Para el tratamiento de la tuberculosis existe un sistema integral del Ministerio de Salud, que está regulado por el Estado, y a través de él «se proporcionan los tratamientos, pero se necesita que los médicos adscritos al programa de salud pública los diagnostique. Sin embargo, el programa ha registrado un 10% de los contagiados», según explicó Carolina Girón, presidenta del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en conversación con ABC.
En 2020, el OVP solo ha podido recabar información de seis presos fallecidos por tuberculosis en el Centro Penitenciario Los Llanos, ubicado en el estado Portuguesa, al suroeste de Venezuela. En esa misma cárcel, el 1 de mayo murieron 47 reclusos durante un motín que surgió por la irregularidad en la distribución de alimentos para todos ellos. La prisión además registra un escabroso hacinamiento de 2.500 reos cuando su capacidad máxima es de 750. Pero la noticia quedó rápidamente sepultada por la incursión marítima que pretendía sacar a Nicolás Maduro del poder. Y lo que en otro país pudo haber hecho mucho ruido, en Venezuela solo tuvo mención en los medios de comunicación, así como por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y por Amnistía Internacional que exigieron una investigación de la masacre. Mientras tanto, Maduro ha guardado silencio.
Presos políticos
En Venezuela, que hasta este miércoles contabiliza más de 420 casos positivos de coronavirus, desde los primeros contagios a mediados de marzo, «por ahora no hay información oficial de que haya habido algún caso positivo dentro de las cárceles», aseguró Girón, al destacar que el Gobierno de Maduro solo ha prohibido las visitas, pero no hay protocolos de desinfección ni de higiene en los centros de reclusión que evite el contagio. «En las cárceles no hay agua, no hay artículos de aseo personal, no hay acceso a medicinas», agregó la directora del OVP.
Aún así, la tuberculosis que es una enfermedad también calificada como altamente contagiosa sigue siendo la primera causa de muerte en la población penitenciaria. Y por el momento, no ha alcanzado a los más de 360 presos políticos, pero igualmente están en riesgo muchos de ellos porque, según explica Girón, los presos políticos que no son dirigentes o son mediáticos comparten celdas con presos comunes, que además están enfermos de malaria, sida o hepatitis, e igualmente pasan sus días hacinados, en medio de la violencia y la hambruna, por lo que todo eso constituye una violación a los derechos humanos, como denuncian las ONG.
Fuera de control
Más allá de los casos de contagios y las condiciones precarias de las cárceles, el OVP también ha publicado informes en los que muestran preocupación por la falta de control que tiene el Estado en los centros penitenciarios y su desdén para solucionar el grave problema que presentan. «Es responsabilidad del Estado el control de las cárceles, darles alimentación adecuada a los presos, mantener programas de educación, cultura y trabajo para que las personas no estén las 24 horas del día en ocio», dijo Girón, al denunciar la violación a los derechos humanos que afecta no solo a presos políticos sino a presos comunes, así como a los familiares que dejan de recibir información. Al respecto, ABC intentó en varias oportunidades contactar a Humberto Prado, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, dentro del gobierno interino de Juan Guaidó, pero no fue posible.
Después de 2007, las leyes no han servido de nada para impedir los «pranatos», delincuentes que se hacen los jefes de prisiones, que comenzaron a popularizarse en esa fecha dentro de la población carcelaria. Desde entonces, los presos fueron construyendo una estructura de control y la imposición de un líder dentro de las peligrosas prisiones que ha sido aceptado incluso por la ministra de prisiones, Iris Varela. Venezuela tampoco cumple con los estándares internacionales, porque está muy lejos de tener a un custodio por cada 10 reclusos, y mucho menos se hace responsable por la vida de los presos, pese a estar prohibida la pena de muerte.
Dentro del inframundo de las prisiones hay además tráfico de armas, de drogas, se dirigen redes de crimen organizado y se pueden encontrar incluso fosas comunes fabricadas por los mismos presos, todo esto bajo la mirada de las autoridades, que incluso permiten que los reos disfruten de ostentosas fiestas, peleas de gallos, la entrada de prostitutas, y hasta ver estupefactos un espectáculo de disparos al aire que protagonizan los presos con armas de alto calibre para rendir honores a un «pran» luego de su muerte.
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